La “memoria histórica”: una ley iconoclasta y cainita

Análisis en profundidad elaborado por el Col. Lorenzo Fez. Navarro, especialista en la materia, sobre la mal llamada “ley de memoria histórica”, todo un alarde de desmemoria, cainismo, motor de enfrentamientos, mentiras y calumnias, mediante la que se busca hacer pasar a las víctimas por verdugos y viceversa, y caer en el olvido los horrendos crímenes del Frente Popular marxista y bolchevique.

Adelantamos la introducción, al final de la cual pueden descargar en PDF el trabajo completo. No se lo pierdan.

Introducción: Consideraciones previas.

Antes de que nadie se rasgue las vestiduras por el título de la conferencia y clame ¡ha blasfemado! ¿Qué más pruebas necesitamos? ¡Crucifícalo! quiero decir que en un estado de derecho las leyes son de obligado cumplimiento, paro cuando son infames, iconoclastas y cainitas, como lo es la ley 52/2007 se puede y se debe, por los procedimientos legalmente establecidos, procurar su derogación o sustancial modificación. Y en ello estamos.

La ley 52/2007, mal llamada de “La Memoria Histórica” es además una ley incongruente. Su objetivo es nítidamente contrario a lo que ampulosamente proclama en su exposición de motivos: “La presente ley quiere contribuir a cerrar heridas todavía abiertas en los españoles”

La falsedad de este aserto queda claramente reflejada en todos y cada uno de los párrafos de la  ley, tanto en la exposición de motivos como en el articulado, y aunque exponerlo en detalle obligaría sin duda a analizarla entera, ello excede de esta disertación, que sólo pretende poner en evidencia su espíritu revanchista y cainita, quedando el análisis detallado de la misma para el imprescindible estudio previo a su derogación.

La ley 52/2007 hace referencia continua al “espíritu de reconciliación y concordia que guió la Transición” pero en realidad busca todo lo contrario, abrir nuevamente heridas -ya cerradas mucho antes de iniciarse el proceso constituyente-  al establecer, con rango de ley, quien eran los “buenos” y quien eran los “malos” en el enfrentamiento de la última guerra civil 1936-1939  para lo cual se circunscribe a la “guerra civil y al régimen dictatorial que la sucedió” obviando las tropelías de todo jaez cometidas por el llamado “Frente Popular” (antecedente político de quienes ahora han promovido esta ley) durante el régimen republicano que, precisamente, ellos hicieron inviable.

La ley 52/2007 de 26 de diciembre “por la que se reconocen derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura” no pretende en absoluto lo que proclama en su título, puesto que en numerosas disposiciones anteriores ya  se había hecho.

A continuación se referencian las más importantes:

Y ello sin contar con las diferentes amnistías decretadas por el Régimen de Franco, ya desde poco tiempo después de finalizada la guerra y el hecho también irrefutable de que muchos de los hijos de aquellos “perseguidos” pudieron hacer brillantes carreras durante el “Franquismo” (gracias a sus méritos, evidentemente, que entonces no había en las universidades el mamoneo político actual) y a la muerte del “Dictador” ocupaban puestos de gran relevancia.

No: La ley es falsa y torticera ya desde su propio título, pues su único y verdadero objetivo es la condena de lo que llama despectivamente “Franquismo” como régimen que quebró, con la sublevación militar, “la legalidad anterior al 18 de julio” y ello supone, simple y llanamente, pretender establecer la legitimidad del actual “Régimen Democrático” en la Segunda República. Por ello ya desde los artículos 1 y 2 hace referencia solamente a las “violencias” sufridas durante la “Guerra Civil” y la “Dictadura” pero no durante la etapa de esa idílica República cuya legalidad pretendidamente se conculcó el 18 de Julio.

La ley 52/2007 mal llamada de la Memoria Histórica, pese al prolijo circunloquio establecido en su “exposición de motivos” tal como se ha dicho en el epígrafe anterior, lo que pretende es la eliminación de cualquier símbolo y referencia que represente la legalidad del Estado Español antes de la promulgación de la Constitución de 1978 y por ello nada tiene que ver con una “Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura”

Tampoco es su objetivo -como cínicamente proclama- “la reconciliación de los españoles” pues trata de establecer con rango de ley quienes eran “los buenos” y quienes eran “los malos” y por ello no promueve la coexistencia de símbolos -que ya la había, como luego veremos- sino la supresión de los símbolos de los que para la ley  “son  los malos”

Toda la letra y el espíritu de la ley 52/2007 establece el principio de que la única legalidad institucional, es la anterior al 18 de Julio de 1936.

Por ello, es preciso reiterarlo, a lo largo de toda ella y de forma global se condena el régimen de Franco (al que sistemáticamente quiere denigrar con el apelativo de “Franquista”) y eleva a los altares laicos, al Régimen Republicano al que considera “democrático” sin hacer lo que serían obligadas y justas distinciones.

Así, en el Artículo 2. Reconocimiento general, quedan incluidos en el punto 1 entre los “represaliados por sus ideas durante el franquismo” también quienes fueron condenados como autores de gravísimos delitos de sangre, de un salvajismo y crueldad inconcebible e incompatible absolutamente con el “régimen democrático actual” que pretende ahora rehabilitarlos globalmente “declarando el carácter radicalmente injusto de todas las condenas, sanciones y cualesquiera formas de violencia personal producidas por razones políticas o ideológicas”

Así también, en el punto 3 del mismo artículo segundo, “se reconoce y declara la injusticia que supuso el exilio de muchos españoles durante la Guerra Civil y la Dictadura” sin hacer mención al hecho de que muchos de ellos optaron por el exilio para eludir sus responsabilidades en delitos de sangre (el paradigma es Santiago Carrillo y sus secuaces) así como que otros se exiliaron haciendo uso de su legítima libertad, por no estar conformes con el régimen político implantado al final de la Guerra Civil. Como igualmente puede suceder ahora con descontentos del Régimen Constitucional o bien obligados por sus consecuencias (exiliados de las provincias vascas por la amenaza de la violencia etarra o de Cataluña por la imposición lingüística y discriminación social)

Finalmente en el punto 3 también enaltece a “quienes defendieron la legalidad institucional anterior, pretendieron el restablecimiento de un régimen democrático en España o intentaron vivir conforme a opciones amparadas por derechos y libertades hoy reconocidos por la Constitución”

Definición donde también tienen cabida según la ley, tanto los autores de los asesinatos de ETA, como  los cometidos por el bandolerismo de las “guerrillas antifascistas” dirigidas por Carrillo y la Pasionaria (desde la URSS y financiados por ella) que al parecer, según la ley, “pretendían también establecer un régimen democrático” -a imagen y semejanza cabría decirse- del que regía en la URSS.

Resulta ya aburrido tener que seguir poniendo de manifiesto la falacia que sustenta e informa la infame ley 52/2007 algo que por cierto solo se han atrevido a hacer públicamente personas procedentes de la izquierda, como son Pío Moa o Jiménez Losantos quienes llevados de una encomiable honestidad intelectual y no aherrojados por el temor cerval de la derecha “maricomplejines” a ser tachados de “franquistas” o “fascistas” (pues ellos sí que fueron verdaderos luchadores contra el Régimen de Franco) han establecido la verdad histórica irrefutable que dio la legitimidad al régimen surgido del 18 de julio de 1936: Que la “legalidad republicana” no feneció por efecto de  la “Sublevación Militar” o el “Alzamiento Nacional” sino por la vesania y el sectarismo del llamado “Frente Popular”: socialistas, comunistas, anarquistas y separatistas (la llamada “conjunción rojo-separatista”) cuyos herederos políticos -y en no pocos casos también de sangre- son precisamente los promotores de la infame ley de la Memoria Histórica, que ahora pretende entroncar la legitimidad del actual sistema político con aquella república que precisamente sus correligionarios hicieron inviable.

La verdad que la ley de “La Memoria Histórica” quiere ocultar, es que el “Frente Popular” fue el que hizo imposible la Segunda República. Recibida con ilusión y esperanza por muchísimos españoles pues era el régimen político con el que esperaban superar los graves males que aquejaban a España y que, en buena medida, eran consecuencia de los nefastos 231 años anteriores.

Como tantas veces se ha dicho, la historia se repite, y de igual forma que el Frente Popular en 1936 hizo inviable la Segunda República, si Dios no lo remedia (y también los españoles: “a Dios rogando y con el mazo dando”) los herederos de aquel Frente Popular harán hoy inviable la reconciliación nacional proclamada en la Transición. Reconciliación, hay que decirlo, en la que jamás creyeron, nunca quisieron y por todos los medios trataron de evitar imbuidos de su espíritu revanchista y guiados sólo por el mezquino dicho de “lame la mano que no puedas morder”

Y por ese mismo espíritu revanchista que informa toda la ley 52/2007 no debe extrañar que otra de sus fijaciones obsesivas sea el Valle de los Caídos como grandioso monumento a la verdadera reconciliación nacional. Reconciliación que quieren evitar a toda costa, a pesar del inaudito cinismo que rezuma toda la ley al afirmar que pretende “la reconciliación de los españoles” “suprimir elementos de división entre los ciudadanos”  y hacer referencia al “espíritu de reconciliación y concordia que guió la Transición” cuando simple y llanamente lo que quieren no es otra cosa que invertir el resultado de la Guerra Civil. Ganarla (en cuanto a alcanzar sus objetivos) casi setenta años después.

El verdadero espíritu de reconciliación nacional es obra de Franco, y se halla en el Valle de los Caídos donde por su deseo, reposan juntos quienes lucharon en bandos antagónicos. En las costas de Normandía se encuentran diversos cementerios donde reposan los muertos en el desembarco y combates subsiguientes pero en lugares distintos, aliados y alemanes. Solamente la mística y el espíritu religioso de la Cruzada se ha reflejado en ese enterramiento conjunto bajo la misma Cruz y estaba magníficamente representado en la imagen de la cúpula donde convergían, ante el Juez Supremo, los contendientes de ambos bandos.

Naturalmente que el satánico odio cainita de la ley 52/2007 no puede consentirlo y pretende destruir, profanar o desvirtuar el significado del Valle de los Caídos. Pero no debe olvidarse que si llegara le caso, al igual que lo fue el asesinato del “Protomártir”, puede ser “casus belli”

El espíritu visceral de revancha y odio cainita del nuevo “Frente popular” se ha materializado en la promulgación de la ley  de la Memoria Histórica.

Por supuesto que la llamada “derecha” cobarde y acomplejada, desconocedora de la historia de España o impulsada por la llamada “táctica del avestruz” prefirió desde el primer momento escuchar los cánticos de sirena de quienes se proclamaban -sin ambages, hay que reconocérselo- sus mortales y eternos enemigos y que si al inicio de la Transición ocultaban la quijada homicida tras la espalda, hoy la han empuñado amenazadora en forma de ley 52/2007 mientras que su primera e inevitable víctima, la sancionaba dócilmente.

Tras este largo exordio, unas breves consideraciones para desmontar la falacia pretendida por la infame ley 52/2007 que quiere santificar a “quienes defendieron la legalidad institucional anterior” (verdadero y no oculto motivo de la ley, donde subyace el odio al “Franquismo” de quienes cínicamente proclaman “el espíritu de reconciliación y concordia”) junto con el deseo de volver a esa “legalidad institucional anterior”.

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